La CAR Cundinamarca sancionó a 295 empresas de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá con multas por más de $9.400 millones por causar afectaciones a los recursos aire, agua, flora, fauna y suelo,
Entre las acciones por las que la Corporación impuso multas, están: intervención de área de ronda, ocupación de cauces sin autorización, captación ilegal, emisiones atmosféricas sin cumplir con los requisitos de ley, tala de bosque nativo sin permiso, exploración de pozos profundos, movilización de especímenes, ocupación de cauces e incumplimientos de obligaciones en el manejo de residuos, así como de las obligaciones a permisos y licencias otorgadas.
De acuerdo con Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR Cundinamarca, estas sanciones están dadas en el ejercicio de la autoridad ambiental de la Corporación y con ellas se busca sentar un precedente para evitar más afectaciones al medio ambiente.
“La tecnología, la capacitación permanente de los equipos de trabajo tanto técnico como jurídico, así como los seguimientos periódicos a obras y proyectos con licencias y permisos otorgados, ha fortalecido el ejercicio de autoridad ambiental en nuestra jurisdicción”, explicó Ferrer.
De acuerdo con el funcionario, gracias a lo anterior y pese a las dificultades propias que se vivieron en el 2020 producto de la pandemia del Covid-19, el año pasado fue en el que la CAR impuso más sanciones en toda su historia.
“En el 2020 las multas ascendieron a $9.416 millones, los cuales se invertirán de manera prioritaria en la restauración de los ecosistemas afectados con estas infracciones ambientales”, dijo el director jurídico de la CAR.
Según la entidad, la multa más alta impuesta el año pasado fue por $2.372,2 millones a una empresa de Bogotá, al incumplir las obligaciones adquiridas en un permiso de adecuación de tierras con fines agrícolas.
“Se verificó disposición inadecuada de residuos sólidos ordinarios y el incumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental respecto al Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) al disponer escombros de manera inadecuada en un predio de la localidad de Suba”, argumentó Ferrer.
La segunda mayor multa fue para una iglesia cristiana del municipio de Fusagasugá, sancionada con $1.171,3 millones por superar los niveles permitidos de emisión de ruido.
En tercer lugar, está un habitante también de Fusagasugá a quien se multó con $947,8 millones por realizar descarga de vertimientos sin permiso, producto de actividades domésticas.
La Corporación informó que seguirá reforzando las acciones de control, a través de sus oficinas regionales, contra quienes pretendan causar afectaciones a los recursos naturales.
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