La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al interventor de la construcción de 57 soluciones de vivienda de interés social en Ricaurte, Cundinamarca, Néstor Olivo Moreno, por presuntas irregularidades al certificar el cumplimiento de unas obras que no se ajustaban a lo definido en el proyecto.
Al parecer, el funcionario no cumplió con sus labores contractuales, porque en las viviendas se evidenciaron fallas de calidad en pisos, muros, baños, y carpintería metálica, que tuvieron que subsanarse, con lo que puedo infringir el principio de moralidad.
Olivo Montero, particular que ejerció funciones públicas en un contrato estatal, habría emitido un informe en el que manifestó que el 99.65 % de los recursos fueron ejecutados y 56 unidades se recibieron totalmente terminadas y recibidas, lo que permitió se hiciera el último pago del total de los $ 1.151.400.00 destinados por la Nación, el municipio y el departamento de Cundinamarca.
El ente de control calificó provisionalmente la aparente conducta del disciplinable como falta gravísima cometida a título de culpa.
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