Cuatro personas fueron vinculadas formalmente a la investigación. Son señalados de utilizar dineros del anticipo del contrato suscrito entre MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados para cubrir gastos personales, comprar apartamentos y vehículos, préstamos y pago de honorarios.
Como parte de la segunda línea de investigación definida en el caso denominado ‘Centros Poblados’, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías e imputó a cuatro personas que estarían involucradas en la apropiación y destinación indebida de 15.242 millones de pesos, que harían parte del anticipo entregado por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia, como parte del contrato 1043 de 2020.
Los investigados son: los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y el representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde.
De acuerdo con la posible participación en los hechos investigados, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a estas personas los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y peculado por apropiación en favor de terceros. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
El andamiaje ilegal
El material de prueba da cuenta de que los hoy imputados se habrían concertado para constituir la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, a través de cuatro empresas. Dos, supuestamente, figurarían en el papel porque no reunían los requerimientos de ley; mientras que las otras aportarían su experiencia y reconocimiento, y no participarían en la ejecución del contrato que buscaba llevar el servicio de internet a escuelas rurales del país.
Por poner a disposición las dos empresas realmente capacitadas, Ottomar Lescarro habría recibido 4.000 millones de pesos. Estos dineros se entregarían con la intermediación del corredor de seguros Juan José Laverde, quien tendría una comisión.
Con información falsa sobre la verdadera capacidad técnica y trayectoria de las empresas que no cumplían los requisitos, la Unión Temporal Centros Poblados nació en Cámara de Comercio, se postuló ante MinTic y recibió el millonario contrato 1043 de 2020.
De esta manera, los contratistas elaboraron un plan de distribución del anticipo y definieron que 85% de los recursos se destinarían a la compra de equipos, 8% para infraestructura y 7% para materiales. Esta proyección fue aprobada por MinTic, que ordenó el giro de los 70.000 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que la dos empresas sin experiencia destinaron 15.242 millones de pesos del anticipo para actividades no contempladas y del resorte personal de los representantes, como adquisición de un apartamento, vehículos y una obra de arte; préstamos a terceros, gastos individuales y pago de honorarios.
Los elementos de prueba indican que parte del anticipo, representada en 300.000 dólares, fue transferida a un banco de Miami (Estados Unidos). 250.000 correspondieron a Ottomar Lascarro y 50.000 a Juan José Laverde, tal como fue pactado desde la constitución de la unión temporal.
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