• Se determinó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $8.081 millones, correspondiente al valor de los sótanos del edificio de posgrados de la Calle 94, propiedad de la Universidad, los cuales presentan fisuras en el 90% de las placas; filtraciones, pérdida de recubrimiento de concreto, dilataciones, rotura en la placa, entre otros. 

La Contraloría General de la República realizó una Auditoría Financiera a la Universidad Militar Nueva Granada – UMNG para la vigencia 2023, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $8.092 millones, por fallas estructurales y la imposibilidad del uso del edificio de posgrados de la Calle 94. 

Como resultado de la auditoría se determinaron trece (13) hallazgos, de los cuales seis (6) tiene presunta incidencia disciplinaria, dos (2) con incidencia fiscal por $8.092.592.167, uno (1) con presunta incidencia penal y uno (1) con solicitud de apertura de indagación preliminar.

Dentro del ejercicio auditor se evidenció en el edificio de posgrados de la Calle 94, adquirido por la Universidad Militar, fallas estructurales y la imposibilidad de uso de los parqueaderos del inmueble, debido a la omisión de las directivas de la UMNG en realizar un peritaje estructural previo a la compra, además de omitir el informe presentado por la División de Servicios Generales de la Universidad en noviembre de 2021.

Este informe reportaba el estado y afectaciones de la estructura del inmueble, así como la omisión en la indagación y certeza del uso real del inmueble, toda vez que, desde la licencia de construcción y avalúo, el uso del inmueble es catalogado como de comercio y servicios, no para fines institucionales y/o de educación superior.

Por lo anterior, como resultado de la Auditoría Financiera adelantada a la Universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2023, se determinó un (1) hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal, correspondiente al valor de los sótanos del edificio de posgrados de la Calle 94, propiedad de la Universidad, los cuales presentan fisuras en el 90% de las placas; filtraciones en columnas, vigas y placas de contrapiso; pérdida de recubrimiento de concreto y evidencia de acero a la vista en la viga; dilatación entre los nudos de columnas y vigas; rotura en la placa de contrapiso; presencia de socavación en la parte posterior izquierda de la subestación y columna colindante con edificio; y presencia de humedad, por efecto de los condensadores.

Es oportuno destacar que, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la Universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2022, se configuró hallazgo fiscal por $6.497.744.340, ocasionado por una gestión antieconómica en la compra del edificio de la Calle 94, teniendo en cuenta que la transacción se realizó con base en el avalúo presentado por Cámara de Comercio de Bogotá, que incluyo este valor, como “factor de comercialización”, el cual, a su vez, no contaba con soporte legal, ni evidencias técnicas para el cálculo que incrementó el valor del inmueble un 27,8%.

Así las cosas, los hallazgos fiscales establecidos por la CGR para las vigencias 2022 y 2023, ascienden a $14.579.685.140, los cuales representan el 63% de valor de compra del edificio de posgrados de la Calle 94 por $23.000.000.000.

La elección de la nueva fiscal general por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha marcado un hito histórico al ser la primera vez que se conforma una terna completamente femenina para este cargo. Después de un proceso que se extendió hasta hoy 12 de marzo, Luz Adriana Camargo fue seleccionada con un total de 18 votos, destacándose como la elegida para liderar el ente investigador en reemplazo de la fiscal encargada Martha Mancera que remplazó al cuestionado Francisco Barbosa.

El proceso de selección estuvo marcado por cierta controversia, particularmente con la renuncia de una de las candidatas, Amelia Pérez, apenas momentos antes de la votación. Aunque esta situación generó dudas sobre la validez del proceso, la Sala Plena determinó que la terna presentada por el presidente Gustavo Petro en agosto del año anterior seguía siendo vigente, asegurando así la legalidad de la elección.

Luz Adriana Camargo, la nueva Fiscal General de la Nación, es una abogada egresada de la Universidad de la Sabana. Su experiencia incluye su trabajo como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, así como su participación en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), donde desempeñó el cargo de jefa de investigación y litigio bajo al lado del hoy ministro de Defensa Iván Velásquez.

El presidente Petro pidió, en el acto de posesión de los nuevos directores del Dapre, Invima, Superintendencia de Salud y Nueva EPS, iniciar el sistema preventivo de salud.

«Queremos que lo que permiten las leyes actuales, implementemos ya el modelo en las EPS que controlamos, desde ya».

«Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud: la constitución lo ordena y las nomas no nos lo impiden», manifestó el mandatario»

Además, dijo que no intervendrán de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención y va a invitar a que los giros que ya directamente se pueden hacer en las EPS se giren con anticipo a toda EPS que tenga la propiedad de formalizar a sus trabajadores, enfermeras y médicos.

El anuncio lo hizo en el acto de posesión de Laura Sarabia en el Dapre, Francisco Rossi en el Invima y Carlos Ramón Gónzalez fueron posesionados en sus nuevos cargos, este viernes en un acto público.

Tarifas mínimas por pedido finalizado y por distancia recorrida hacen parte del acuerdo entre la empresa y la organización sindical, que permitirá mejorar la calidad de vida de los 'rappitenderos'.

Con la mediación del Ministerio de Trabajo consiguieron que la empresa Rappi y la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (UNIDAPP) lograran un acuerdo que permitirá mejorar la calidad de vida y condiciones de trabajo de los repartidores o domiciliarios que trabajan para esta compañía.

UNIDAPP es la asociación sindical que agrupa a los 'rappitenderos' del país, como se les llama a los domiciliarios de la empresa que se movilizan por la ciudad llevando variados productos a los usuarios de la plataforma.

Luego de 21 sesiones de diálogo, en un proceso que duró cerca de un año, Rappi y UNIDAPP, acordaron una tarifa mínima garantizada de 3.050 pesos por pedido finalizado y una tarifa mínima garantizada por distancia recorrida a partir del kilómetro 4 en cada pedido de moto finalizado de 640 pesos por kilómetro.

También se pactó que la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales remitirá a la compañía Rappi información relevante para combatir el fraude y otras situaciones que puedan afectar el adecuado funcionamiento de la plataforma.

Se acordó, además, que mediante una prueba piloto se analizará si se debe ajustar el procedimiento actual frente a algunas causales de inhabilitación de las cuentas de los repartidores en la aplicación.

El viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Edwin Palma Egea, quien ha presidido estos espacios de diálogo, manifestó: "Es un acuerdo histórico y ejemplar para la región y es de los pocos que podemos encontrar sobre el trabajo de plataformas en el mundo. Es la demostración de que el diálogo social funciona si hay voluntad y pragmatismo. Un reconocimiento a las dos partes por su esfuerzo y por enseñarnos sobre esta nueva forma de trabajo'.

A través del acuerdo se reconoce a la Defensoría al Repartidor (DAR) como un mecanismo que defiende los intereses y bienestar de los repartidores que se conectan a la plataforma y como una buena práctica sectorial a nivel local e internacional.