Los reportes recibidos en el Puesto de Mando Unificado (PMU), dispuesto por la Fiscalía General de la Nación para hacer seguimiento y agilizar una respuesta judicial efectiva ante cualquier hecho que represente riesgo para el certamen democrático, dan cuenta de 117 personas capturadas.
Del número total de detenidos, 26 corresponden a delitos electores, la mayoría por corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento. Estos hechos se registraron en Santander, Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Tolima, Boyacá, Cesar, La Guajira y Quindío.
Entre las personas que serán judicializadas están dos concejales. En uno de los casos, una cabildante de Zipaquirá (Cundinamarca) y dos personas más, supuestamente, ofrecían dinero a los ciudadanos para que votaran por una lista de candidatos específica. En este procedimiento fueron incautados cerca de $2’000.000.
En el otro evento, un concejal de Calarcá (Quindío) fue capturado con propaganda electoral y más de $200.000, que estaría usando para la compra de votos.
Las otras 91 capturas se realizaron en atención a órdenes judiciales que estaban vigentes en Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre y Bogotá.
Aquí sobresale la detención de un pastor que es investigado como presunto responsable del abuso sexual de nueve mujeres, entre ellas seguidoras y trabajadoras de su comunidad religiosa en Cali (Valle del Cauca). Una de las victimas es una adolescente. De igual manera, fue capturado en un puesto de votación Orlando Valencia Becerra, alias El Indio, señalado responsable del homicidio de Luciano Alvino Ortiz Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Armenia, en Planadas (Tolima), ocurrido el pasado 6 de marzo.
De otra parte, 37 personas que figuraban como desaparecidas llegaron a los puestos de votación, entre ellas dos jóvenes, uno en Yumbo (Valle del Cauca) y otro en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), que habían sido reportados como no localizados en el marco de las jornadas de protestas del año pasado. Se suscribieron las respectivas actas de supervivencia.
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