El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó hoy una alerta por el importante aumento que registra la deuda pública colombiana en el acumulado anual, al considerar que es “una situación de especial atención, no solo por los volúmenes que registra, sino por los cambios en las principales variables macroeconómicas, como la tasa de cambio, las tasas de interés y la tasa de inflación, que pueden impactarla”.
De acuerdo a un informe que presentó el jefe del organismo de control ante la Comisión Legal de Cuentas, respecto a 2020, la deuda total del sector público aumentó en términos nominales $137,23 billones (un 18,6%).
Fue así como pasó de $737,65 billones en 2020 (73.9% del PIB) a $874,88 billones, saldo que equivale al 74.3% del PIB.
La deuda externa presentó un incremento de $62,17 billones en el acumulado anual y la deuda interna registró un aumento de $50,25 billones.
Los cambios en las tasas de interés y la variación de la tasa de cambio afectaron el servicio de la deuda. El servicio de la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2021 ascendió a $73,84 billones (6,3% del PIB), de los cuales $41,16 billones correspondieron a amortizaciones y $32,68 billones a pago de intereses y comisiones.
Al observar el nivel histórico que alcanzó la deuda pública en 2021, la Contraloría considera necesario evaluar las condiciones para su sostenibilidad en el mediano plazo.
Movimientos presupuestales “incorrectos”
El Contralor General presentó también un informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2021, sobre el cual la Contraloría emitió una Opinión No Razonable, al evidenciar incorrecciones que sumaron $49,30 billones. La misma opinión se emitió para las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Las principales incorrecciones se presentaron debido a que en la Ley de Presupuesto se incluyeron artículos que permitieron al gobierno hacer movimientos presupuestales que contravienen el estatuto orgánico de presupuesto como:
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Permitir constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, lo que impacta el cálculo del déficit fiscal para mejorarlo.
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Se sobrepasó el límite de la constitución de reservas presupuestales del 2% en gastos de funcionamiento y 15% de los gastos de inversión.
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Aforo de recursos aprobados para FOME en la vigencia 2021 cuando debieron figurar como pérdidas de apropiación de la vigencia 2020.
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Incumplimiento de los principios presupuestales de anualidad y universalidad en el manejo del pago del servicio de la deuda pública interna pues se constituyeron reservas que se utilizarían para cubrir el servicio de la deuda de la vigencia siguiente.
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Y mayor costo fiscal por el efecto cambiario y la tasa de interés en cuantía por determinar, ya que se cubrieron pagos del servicio de la deuda interna con recursos del crédito externos.
Al analizar la ejecución de ingresos se encuentra un dato llamativo: los ingresos por dividendos y utilidades presentan una caída del 45,5% llegando a $7,90 billones. Este menor ingreso se explica básicamente por las menores utilidades de Ecopetrol que en 2021 entregó dividendos a la Nación por $619 mil millones frente a $6,55 billones entregados en 2020.
En cuanto a la Auditoría a los Balances de la Nación y de la Hacienda Pública 2021, se destaca un resultado importante:
Durante el cuatrienio 2018 – 2022 se observó una disminución del nivel de incorrecciones evidenciadas en el proceso auditor en el sector público cuando en el 2018 tuvieron un nivel de $100,8 billones y año a año fueron disminuyendo, en 2019 a $63,1 billones, en 2020 a $54,1 billones y finalmente en 2021 a $37,9 billones.
A nivel nacional se observó un comportamiento similar. Se pasó de emitir una opinión negativa con incorrecciones en el 2018 de $79,1 billones, en 2019 de $50,0 billones y 2020 de $44,3 billones, a una opinión sin salvedades en 2021 con incorrecciones por $13,1 billones. Es decir, una disminución en el monto de la incorrección.
Sin embargo, para la Contraloría falta camino por recorrer. Aún existen incorrecciones recurrentes en algunas entidades como la DIAN Recaudadora, por debilidades en el control de cuentas por cobrar que desembocaban en saldos contrarios, en Reficar por sobrecostos en las propiedades, planta y equipo, y en Invías, ANI y Aerocivil por errores de registros de bienes de uso público en servicio y concesiones.
Con respecto a estas incorreciones, las entidades y la misma Contaduría General de la Nación establecieron planes de mejoramiento que apuntaron a corregir las debilidades que originaban los hallazgos.
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