La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) suscribieron este lunes un acuerdo de cooperación, en el que establecen mecanismos ágiles y permanentes de comunicación y artículación para que ningún delito del conflicto armado quede impune.
La JEP y la FGN recapitularon los supuestos en los que determinado asunto del conflicto cae en la competencia condicionada, prevalente y exclusiva de la JEP, y cuándo, en cambio, permanece temporal o definitivamente bajo el conocimiento de la justicia penal ordinaria. También refirieron los casos de la competencia de la JEP en los que la FGN retiene algunas de sus funciones, en aras de asegurar que no se suspenda la labor investigativa del Estado mientras la JEP define enteramente la situación jurídica. No obstante, en esos últimos eventos, precisaron que la FGN, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, no puede restringir la libertad del sujeto, ni comprometer su responsabilidad y tampoco citarlo a diligencias judiciales.
Sobre la base de unas competencias bien definidas, la JEP y la FGN diseñaron mecanismos para avanzar conjuntamente en la lucha contra la impunidad. La FGN presentará nuevos reportes sobre hechos graves y representativos, y reseñará sus resultados investigativos más recientes, la identidad de los presuntos autores y partícipes, su hipótesis de investigación y los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia recaudada. Con esta información, la JEP complementará sus propios hallazgos y contrastará las versiones voluntarias de los comparecientes, antes de definir si formula imputaciones en su contra o si define la situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, según el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos.
En el caso específico de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, la JEP y la FGN se comprometieron a agilizar los procesos transicionales y ordinarios, con el fin de que los máximos responsables y partícipes determinantes sean sancionados. Para esos efectos, continuamente compartirán información sobre todos aquellos que se hayan sometido voluntariamente a la JEP, que todavía puedan hacerlo –en los plazos previstos en la ley– o que hayan sido objeto de compulsas de copias por parte de Justicia y Paz.
La FGN también se comprometió a asistir a la JEP en la vigilancia al régimen de condicionalidad y a informarle si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del Acuerdo Final para la Paz y defraudado el deber de no repetición.
Finalmente, a través del mencionado acuerdo, la JEP y la FGN reforzaron la seguridad jurídica de los antiguos integrantes de las Farc-EP y de los miembros de la fuerza pública que han recibido tratamientos de justicia transicional como contrapartida a sus aportes al proceso de paz y a los derechos de las víctimas. En especial, se aseguraron de que ninguno de ellos sea privado de su libertad, sindicado o citado a diligencias judiciales por autoridades distintas a la JEP.
En el caso específico de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, la JEP y la FGN se comprometieron a agilizar los procesos transicionales y ordinarios, con el fin de que los máximos responsables y partícipes determinantes sean sancionados. Para esos efectos, continuamente compartirán información sobre todos aquellos que se hayan sometido voluntariamente a la JEP, que todavía puedan hacerlo –en los plazos previstos en la ley– o que hayan sido objeto de compulsas de copias por parte de Justicia y Paz.
La FGN también se comprometió a asistir a la JEP en la vigilancia al régimen de condicionalidad y a informarle si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del Acuerdo Final para la Paz y defraudado el deber de no repetición.
Finalmente, a través del mencionado acuerdo, la JEP y la FGN reforzaron la seguridad jurídica de los antiguos integrantes de las Farc-EP y de los miembros de la fuerza pública que han recibido tratamientos de justicia transicional como contrapartida a sus aportes al proceso de paz y a los derechos de las víctimas. En especial, se aseguraron de que ninguno de ellos sea privado de su libertad, sindicado o citado a diligencias judiciales por autoridades distintas a la JEP.
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